En su acepción genérica, igualdad significa correspondencia o semejanza de elementos diversos, y remite a conceptos como la identidad o la equivalencia. Para las sociedades modernas es uno de sus grandes principios básicos: todas las personas tienen el mismo valor, la misma dignidad y los mismos derechos.
En el campo que nos interesa ahora, la igualdad viene asociada al derecho universal a la educación: todas las personas —y, para empezar, los niños y jóvenes— tienen el mismo derecho a recibir no solo las prestaciones que le aseguren una instrucción adecuada, sino los apoyos que contribuyan a su desarrollo integral. Es un principio que, consecuentemente, viene recogido en las legislaciones básicas de todos los países y el Estado se compromete a velar por que esté al alcance de todos en las mismas condiciones.
Habitualmente, sin embargo, cuando nos movemos en contextos educativos solemos hablar más de equidad: justicia e imparcialidad para dar a cada uno lo que se merece, que en este caso se podría matizar así: dar a cada uno lo que necesita. La equidad, por tanto, va asociada a la atención a la diversidad, a la búsqueda de la calidad para todos, atendiendo a lo que requieren las situaciones particulares. Es pasar de la cantidad y la uniformidad, a la calidad y la personalización. La diversidad deja así de ser un problema para convertirse en una posibilidad de enriquecimiento, y la escuela refuerza su papel no solo de renovación cultural, sino también —volvemos a encontrarnos con este término— de igualdad social.
La atención a la diversidad (de aptitudes y capacidades, de contexto cultural y económico, de circunstancias familiares y sociales) lleva aparejado un cuidado especial por cada alumno. Naturalmente, en la tarea educativa hay elementos comunes para todos, que ayudarán a conformar una determinada sociedad. La transmisión de la cultura a las nuevas generaciones, aun dejando abiertas las puertas a la crítica, es condición para que los estudiantes adquieran la capacidad de insertarse en la sociedad en la que viven y para que estén en disposición de introducir los cambios que parezcan oportunos. Pero, junto a los saberes y valores comunes, hay que abrir paso a la atención a las peculiaridades de cada uno. Naturalmente, esto no significa que haya que dar a cada alumno solo lo que desea o lo que se corresponde con sus aficiones o gustos. Se trataría, más bien, de ampliar esas expectativas, potenciando sus propias posibilidades y ayudándole a crecer en madurez. La educación no solo da respuestas a unas inquietudes iniciales; también, y sobre todo, debe suscitar las cuestiones adecuadas, en los niveles apropiados, y proponer respuestas a las mismas.
Para todo ello se requiere que cada escuela, en virtud de su autonomía y en el marco de su proyecto propio, cuente con un plan global, innovador y creativo, asumido por todo el centro: dirección, familias, alumnos, profesorado y otros educadores. Y para que esto sea posible, nos volvemos a encontrar con la equidad: la que debe darse entre centros educativos. Si todos deben atender a la diversidad del alumnado, todos deben estar dotados de los medios —organizativos, materiales y personales— para poder hacerlo.
Empezábamos diciendo que corresponde al Estado velar por que la educación esté al alcance de todos en las mismas condiciones de calidad. Pero la atención a la diversidad supone también, por lo que acabamos de decir, la posibilidad de optar con libertad entre una variedad de modelos educativos. La pregunta que nos podríamos hacer, teniendo en cuenta la realidad que conocemos, es si estos principios —equidad, libertad y calidad— son compatibles de facto entre sí. Y la respuesta debe ser afirmativa: apostamos decididamente por la armonización de todos ellos. Es la verdadera condición, a la vez que el contenido, de un auténtico pacto educativo.
JOSÉ MARÍA ALVIRA
Secretario General de Escuelas Católicas